El big data constituye una tecnología con infinidad de posibilidades, y en el terreno de la colaboración entre Administraciones y empresas es algo pendiente de explotar. Desde ambos lados se reconoce el impacto social exponencial en el mercado laboral y en la economía que podrían conseguir si lo llevasen a cabo.
Un empleo muy significativo lo podemos encontrar en los servicios públicos de empleo y LinkedIn: mientras que la popular red social cuenta con una cantidad ingente de datos procedentes de más de 690 millones de usuarios y más de 50 millones de empresas, los poderes públicos a menudo no pueden aprovechar completamente los datos a los que acceden porque escapan a los procedimientos que gestionan. En ese sentido, Miguel Luengo-Oroz, director científico de UN Global Pulse de Naciones Unidas, señala que el sector privado tendría que encontrar una razón de impacto alejada de lo económico para compartir la información, y que las Administraciones tendrían que acostumbrarse a incorporar perfiles en función de un mayor beneficio social.