La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido (Lismi), tenía como uno de sus principales objetivos impulsar y fomentar la integración laboral de personas con discapacidad. Y estableció para ello que las empresas, tanto públicas como privadas, con una plantilla superior a 50 trabajadores debían contratar a un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%. Una obligación que se facilitó posteriormente con la aprobación del Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, que recogió las llamadas medidas alternativas de cumplimiento.
Sin embargo, casi 34 años después, esta ley, convertida hoy en la actual Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (conocida como Ley General de Discapacidad, LGD), sigue teniendo un bajísimo nivel de cumplimiento: el 81% de las empresas españolas sigue sin cumplir los preceptos incluidos en la norma, según pone de manifiesto un estudio elaborado por la consultora Leialta, especializada en el asesoramiento en la tramitación para la inclusión laboral de personas con discapacidad.
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