Algo tan importante como la prevención de riesgos laborales parece mantenerse todavía en un segundo plano. Tanto es así que el pasado 14 de febrero la mayoría de los grupos parlamentarios instó al Gobierno a incrementar las partidas presupuestarias destinadas a esta actuación, con el fin de reducir la siniestralidad laboral. Y es que, a excepción de Comunidades como Madrid, Valencia, Cataluña o Andalucía, la partida de los presupuestos autonómicos dedicados a la prevención de este tipo de accidentes es muy escasa.
La ley actual permite varias alternativas de organización preventiva en las empresas. Existe la posibilidad de que el empresario asuma personalmente la actividad preventiva -opción para sociedades con menos de cinco trabajadores- o la alternativa del trabajador designado por el empresario, caso en el que uno o varios empleados asumirían las funciones de prevención. Sin embargo, en el caso de los autónomos, sólo podrán asegurarse por accidente laboral o enfermedad profesional y conseguir las coberturas correspondientes si ante este tipo de problemática pasan a cotizar por la base de incapacidad temporal.
Por otro lado, mientras que las grandes empresas desarrollan, principalmente, un servicio de prevención propio, el 88,75% de las pymes contrata Servicios de Prevención Ajenos (SPA) de una entidad especializada, y sólo un 4,2% constituye un servicio propio, tal y como se deduce del II Observatorio de siniestralidad realizado por Asepeyo.
Así, el empresario sólo tiene que dirigirse a uno de estos servicios y firmar un contrato con él. A partir de entonces, será el SPA el que tome la iniciativa para llevar a cabo las acciones necesarias. No obstante, «la creencia de que una vez que contratan la gestión de la prevención con una empresa externa pueden desentenderse de este asunto es un error muy común por parte de muchos pequeños empresarios», aseguran desde ÍTEM Prevención.
Y es que, la subcontratación llevada a cabo por las grandes empresas está conllevando que las de menor tamaño se encuentren en el foco de los accidentes laborales. En este sentido, el ahorro económico es uno de los principales motivos por los que tienen una mayor exposición, ya que las pymes han estado luchando durante los últimos años contra la difícil situación de crisis que ha atravesado el país.
En este contexto, «todo gasto ajeno a su objetivo productivo se suele considerar un dispendio y no una inversión positiva para la empresa», aseguran desde ÍTEM Prevención, y esto es precisamente lo que ha ocurrido con la prevención. Por este motivo, tal y como cuenta el director general de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de La Rioja, Julio Herreros, «estamos haciendo un estudio sobre los costes que suponen los accidentes de trabajo, que es la que más le gusta al empresario».
En esta línea, desde ÍTEM aseguran que existe todo un catálogo de infracciones en materia preventiva. La cuantía económica de la sanción depende de la gravedad y de otros factores como el tamaño de la empresa, el daño potencial o la reincidencia. Así, las multas varían de 40 a 2.045 euros para las leves, de 2.046 a 40.985 euros para las graves, pudiendo superar los 800.000 euros. Pero además del factor económico, Herreros incide en que «el primer paso debe ser la concienciación de riesgo, y en este sentido todavía hace falta formación, tanto en los empleados como en los empresarios».
Por su parte, el Gobierno apoya esta tarea de prevención a través de dos líneas fundamentales: subvenciones y visitas de asesoramiento. En el segundo caso, «son importantes las campañas desarrolladas, desde la estrategia nacional y europea, centradas, por ejemplo, en la adaptación de los puestos de trabajo a la edad «, cuenta Herreros.
En línea con lo anterior, el subdirector general de Asepeyo, Jorge Vilanova, asegura que a pesar de la escasez de recursos de los que disponen las pymes, «hay una mejor prevención». Y es que, de los trabajadores protegidos en Asepeyo, el 55,11% pertenece a la pequeña empresa, mientras que supone un 44,92% de la siniestralidad.
Medidas de control
La Inspección de Trabajo realiza numerosas visitas a empresas de distintos sectores para comprobar el cumplimiento de la Ley de Prevención, así como la efectiva integración de la misma en la organización. Así, «las visitas vienen, en muchas ocasiones, como consecuencia de accidentes de trabajo, o bien por denuncias de incumplimientos de la normativa», aseguran desde ÍTEM.
Por su parte, Herreros explica que desde el Gobierno riojano «se realiza una reunión cada mes con el objetivo de ver el estado en el que se encuentran las empresas y detectar así cualquier tipo de irregularidad, si los trabajadores no se aseguran correctamente o no asisten a los cursos de formación». Unas medidas que poco significan si no se toma verdadera conciencia de los riesgos a los que se pueden enfrentar los propios trabajadores.
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